Desde la introducción del plan «Mais Habitação» (Más Vivienda), creado por el gobierno de António Costa, los propietarios no pueden subir los alquileres por encima del límite del 2%. Sin embargo, la obligación no se está cumpliendo. Al menos, eso es lo que denuncian varios Movimientos por el Derecho a la Vivienda.
Según el diario Público, citado por el portal idealista/news, socio de H URB, muchos inquilinos se enfrentan a subidas de alquiler muy superiores al tope máximo fijado por la ley. Sin embargo, el cambio es encubierto: los propietarios mantienen el alquiler original en los recibos comunicados a Hacienda, pero cobran la diferencia a los inquilinos.
En un caso citado por el periódico, un casero pidió a un inquilino un alquiler de 1.300 euros, cuando sólo cobraba 825. A sabiendas de que era ilegal, el casero se negó a pagar la diferencia. Sabiendo que eso era ilegal, el casero propuso al inquilino pagar 1.300 euros, pero se quedó con el recibo por el importe original. De lo contrario, el inquilino tendría que abandonar la vivienda, como así ocurrió. Otro informe habla incluso de incumplimiento de los coeficientes de actualización, con subidas muy superiores a las permitidas y utilizando el mismo esquema.
Para António Machado, secretario general de la Asociación de Inquilinos de Lisboa, la culpa es del Estado: «No hay supervisión, nadie ha cumplido nada de esto», y añade al periódico que «los límites a los aumentos no han funcionado».
La medida forma parte del paquete legislativo «Mais Habitação» (Más Vivienda), que establece que los nuevos contratos de alquiler de inmuebles que lleven cinco años en el mercado sólo podrán ver actualizados sus alquileres en un 2% como máximo. El Primer Ministro Luís Montenegro ya ha dicho que ésta es una de las medidas del Gobierno anterior que deben derogarse.
